El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para crear mecanismos que permitan detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y grupos del crimen organizado, en medio de la creciente presión por evitar la llegada de “narcopolíticos” a elecciones de 2027.
La propuesta forma parte del paquete de reformas político-electorales que será discutido durante el periodo extraordinario de sesiones convocado para iniciar el próximo martes en la Cámara de Diputados y el Senado.
INE revisaría perfiles de candidatos
La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual tendría coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia.
El objetivo sería identificar “riesgos razonables” de vínculos con delincuencia organizada antes de que las candidaturas sean formalizadas por los partidos políticos.
La revisión sería voluntaria
De acuerdo con el proyecto, la evaluación no sería obligatoria, sino voluntaria tanto para partidos políticos como para aspirantes independientes.
Los partidos podrían presentar listas completas o parciales de candidatos para revisión, siempre que exista consentimiento expreso de las personas evaluadas.
La propuesta también establece que la información compartida con el INE sería confidencial y no incluiría carpetas de investigación ni datos financieros específicos.
No impediría candidaturas automáticamente
La iniciativa aclara que detectar un posible riesgo no equivaldrá a una acusación penal ni impediría automáticamente una candidatura.
La decisión final seguiría en manos de los partidos políticos, aunque las autoridades sí estarían obligadas a continuar investigaciones si detectan posibles delitos durante el proceso de revisión.
También van por reformas electorales y judiciales
Además de la iniciativa contra candidatos ligados al crimen organizado, el Congreso discutirá otras tres reformas relevantes rumbo a 2027.
Entre ellas se encuentra una propuesta para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, otra para anular elecciones donde exista intervención extranjera y una más para fortalecer mecanismos de nulidad electoral.
Las reformas deberán aprobarse y publicarse antes del 1 de junio para que puedan aplicarse en el próximo proceso electoral federal.
