Las investigaciones federales sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Morelos y el Cártel de Sinaloa revelan que el crimen organizado habría logrado infiltrarse en campañas electorales de 2024 sin ser detectado por la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con las indagatorias, el flujo de efectivo fuera de los actos oficiales habría sido una de las principales formas para mover recursos ilícitos y evitar controles de la autoridad electoral.
Campañas aparecían “limpias” ante el INE
Aunque las investigaciones federales ahora apuntan a presuntos nexos con grupos criminales, los reportes de fiscalización de las campañas municipales en Morelos no detectaron anomalías relevantes durante el proceso electoral de 2024.
No se reportaron gastos excesivos, eventos masivos irregulares ni propaganda fuera de control, pese a las actuales acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de municipios como Cuautla y Atlatlahucan.
El caso de Cuautla
Uno de los principales focos de la investigación es el municipio de Cuautla, donde resultó electo Jesús Corona bajo la coalición PRI-PAN-PRD-RSP Morelos. Actualmente enfrenta acusaciones por presuntamente negociar temas de seguridad con operadores del Cártel de Sinaloa.
La investigación también menciona a Horacio Zavaleta Malacara, detenido recientemente por autoridades federales, quien habría realizado aportaciones en especie a la campaña por más de 160 mil pesos en un solo día.
El efectivo, el principal problema para fiscalizar
Funcionarios relacionados con tareas de fiscalización reconocieron que el principal obstáculo para detectar dinero ilícito en campañas sigue siendo el uso de efectivo fuera de eventos oficiales.
Las autoridades electorales pueden revisar gastos reportados, propaganda y donaciones visibles, pero no tienen facultades directas para rastrear el origen criminal del dinero o investigar vínculos con organizaciones delictivas.
Detenciones y vínculos criminales
En los últimos días, autoridades federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios de Morelos por presuntos nexos con delincuencia organizada.
Entre los municipios señalados aparecen Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla, mientras continúan las investigaciones sobre una posible red de financiamiento político ligada al crimen organizado.
