La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa no solo involucra al gobernador Rubén Rocha Moya, sino a otros nueve perfiles ligados a áreas de seguridad y gobierno estatal.
Los cargos incluyen delitos relacionados con narcotráfico, armas y, en algunos casos, secuestro con resultado de muerte.
Lista de funcionarios acusados
De acuerdo con la acusación, los funcionarios señalados son:
– Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno
– Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración
– Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto
– Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
– Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe policial
– Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
– José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exmando policial
– Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
– Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, excomandante policial
¿Qué cargos enfrentan?
Según el documento judicial, los acusados enfrentan cargos por:
– Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos
– Posesión y uso de armas de alto poder
– Conspiración para el uso de armamento
– Colaboración con organización criminal
En el caso de Juan Valenzuela Milán, también se incluyen delitos de secuestro con resultado de muerte.
Posibles penas
Las sanciones que enfrentan, de acuerdo con la acusación, incluyen:
– Cadena perpetua
– Penas mínimas obligatorias de hasta 40 años de prisión
Estas penas serán determinadas por un juez en caso de que se comprueben los delitos.
¿De qué los acusa EU?
Las autoridades estadounidenses señalan que los funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país.
También se les atribuye haber utilizado sus cargos para proteger operaciones criminales y evitar acciones de las fuerzas de seguridad.
Presunción de inocencia
Las autoridades recordaron que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad en un proceso judicial.
Hasta ahora, se cree que los acusados se encuentran en México.
