La confrontación política derivada de la reforma electoral en Michoacán escaló este jueves luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, declarara “persona no grata” a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y anunciara restricciones para su ingreso al Palacio Legislativo.
De acuerdo con las declaraciones del legislador, la medida también alcanzará a diversos funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, a quienes responsabilizó de participar en las protestas y presuntos daños ocurridos durante las manifestaciones realizadas la semana pasada en el Congreso.
Congreso impedirá el acceso
Gaona García afirmó que instruirá al personal correspondiente para impedir el ingreso de las personas señaladas al recinto legislativo.
Según explicó, cualquier atención institucional que requieran deberá realizarse fuera del inmueble, al considerar que su presencia no es bienvenida dentro del Congreso.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran integrantes del gobierno municipal de Uruapan, incluyendo áreas de obras públicas, turismo, comunicación y la secretaría del Ayuntamiento.
La polémica surge tras las protestas por la reforma electoral
La decisión ocurre después de las manifestaciones registradas el pasado 27 de mayo durante la discusión y aprobación de la reforma electoral de Michoacán rumbo a 2027.
Durante esa jornada, simpatizantes del movimiento conocido como La Sombreriza se manifestaron dentro y fuera del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a diversos cambios electorales que, según sus argumentos, afectarían la participación de candidaturas independientes.
La tensión aumentó durante la sesión cuando algunos asistentes increparon a legisladores que respaldaron la reforma.
Un contraste político
La medida también ha llamado la atención debido a que Grecia Quiroz rindió protesta ante ese mismo Congreso como presidenta municipal sustituta de Uruapan en noviembre de 2025, tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.
Ahora, apenas siete meses después de aquel acto institucional, el mismo recinto legislativo busca impedir su acceso en medio de una disputa política que podría trasladarse a instancias judiciales, luego de que la alcaldesa anunciara su intención de impugnar la reforma electoral.
